La población privada de la libertad continúa en precarias condiciones de salubridad, de alimentación y de espacios físicos a pesar de billonaria inversión hecha por el Gobierno Nacional durante los últimos 20 años.

2023-11-27-15:25:37 204

  • La Contraloría General de la República adelantó un estudio que evidencia graves fallas en la articulación institucional y el desempeño de las entidades del Gobierno Nacional y de la Rama Judicial.
  • Más de 4.8 billones de pesos se han invertido en las cárceles y penitenciarías en los últimos 20 años.
  • El problema de hacinamiento persiste a pesar que entre los años 2011 y 2022, el presupuesto del sector penitenciario y carcelario se triplicó, pasando de $1.128 billones a $3.408 billones
  • Expertos consideran que, de continuar con las mismas estrategias, deficiencias y orientación de recursos, la crisis carcelaria empeorará.

Las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional durante los últimos 20 años, 8 Conpes y 8 Planes Nacionales, y las billonarias inversiones realizadas, han sido insuficientes para superar la grave crisis que enfrenta el Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia.

El estudio “Desafíos de las Políticas Públicas, la Institucionalidad y el Uso de Recursos en la Crisis Carcelaria y Penitenciaria en Colombia”, adelantado por La Contraloría General de la República evidencia graves fallas en la articulación institucional y el desempeño de las entidades del Gobierno Nacional, y en especial de la Rama Judicial.

El estudio de la Contraloría General demuestra que no se han tomado acciones efectivas que permitan un manejo eficiente de las causas estructurales de la problemática como son, el aumento de los índices de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las múltiples modificaciones del Código Penal.

Como resultado de una encuesta adelantada por la CGR entre los 126 directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios, la Contraloría General encontró diferencias en la información de cupos carcelarios que maneja el INPEC, situación que genera serias dudas frente a las estadísticas que sirven de base para la formulación de las políticas públicas y la asignación de presupuestos y recursos a las instituciones responsables.

Se destaca que la crisis carcelaria y los altos índices de hacinamiento no se solucionan con acciones únicamente encaminadas a aumentar la capacidad instalada en los establecimientos de reclusión del orden nacional - ERON, sin tener en cuenta las estrategias orientadas a mejorar las condiciones humanas y de resocialización de los internos.

Situación que se permite observar, que el propósito de resocialización no se logra, porque los establecimientos carcelarios se convirtieron en universidades del crimen y el impacto negativo de la reincorporación del ex convicto a la sociedad es cada vez mayor.

Reingeniería y cambios estructurales

Desde la opinión de los expertos entrevistados, se plantea la importancia de realizar una reingeniería y transformaciones al INPEC y a la USPEC como entidades responsables del sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta los bajos índices de efectividad.

Considerando los resultados obtenidos en el presente estudio y la relevancia de la posición de los expertos, es imperiosa la necesidad de que el Gobierno Nacional implemente las acciones que direccionen la gestión eficiente de las entidades públicas indicadas anteriormente.

A lo anterior se suma, el papel preponderante de la Rama Judicial, en particular los jueces de ejecución de penas en lo que respecta al otorgamiento de beneficios administrativos, subrogados penales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad; así como, los fiscales en lo que respecta a la aplicación de las medidas privativas de la libertad.

Según la CGR, con el cumplimiento de lo establecido en la ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) se puede dar un balance adecuado entre cupos carcelarios y población privada de la libertad; esto es, si los alcaldes cumplen su responsabilidad frente a los PPL en calidad de sindicados, la presión de cupos en las penitenciarías puede disminuir en 30%. Las medidas que puedan tomarse al respecto, dependerán de la categoría del municipio y de su capacidad económica.

La Contraloría considera que debe impulsarse la generación de soluciones regionales de manera articulada entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, con mayor impulso de las medidas orientadas a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario, a los programas de resocialización de los internos y de incorporación a la sociedad de los pospenados, con el impulso del enfoque diferencial y la justicia restaurativa.

La oportunidad existente para ajustar el Plan Decenal de Justicia 2017 – 2027, debe incorporar mecanismos eficaces para la articulación y trabajo complementario entre las instituciones del Gobierno Nacional y de la Rama Judicial, asignando responsabilidades claras, metas alcanzables e indicadores reales que permitan hacer mediciones de avances e impacto, de manera que las inversiones generen los mayores beneficios.

Finalmente, a juicio de la Contraloría General, no habrá resultados efectivos, si las dos instituciones que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los centros penitenciarios y carcelarios; INPEC y USPEC, no incorporan cambios estructurales a su gestión, a la manera de articular acciones, a trabajar hacia el mismo propósito y a mejorar sus procesos en especial de planeación y control, que den garantía que las inversiones de los presupuestos públicos.